04/01/2023 | 4 de enero de 2023

CLARA VOCACION AUTORITARIA TRAS EL PEDIDO DE JUICIO POLITICO CONTRA TODOS LOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA

El Presidente de la Nación y un grupo de gobernadores han presentado un pedido de juicio político contra todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES expresa su rechazo a este nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial y exhorta al Congreso de la Nación a rechazarlo in limine.

El juicio político es un mecanismo constitucional diseñado para remover a funcionarios que no son dignos de ocupar la función pública debido a faltas graves, debidamente comprobadas y en la medida en que puedan ser encuadradas dentro de las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones, o crímenes comunes, en el marco del art. 53 de la Constitución Nacional.

La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es menoscabada cuando las autoridades del gobierno de turno promueven la remoción de jueces, al margen de las causales que lo habilitan, porque no comparten las decisiones que ellos toman en el marco de casos concretos. Para comprobar que estamos ante una nueva agresión a la independencia de la rama judicial es suficiente advertir que no se invoca ninguna de las causales mencionadas por el citado art. 53. Por el contrario, una de las principales causas de remoción que se esgrime para fundamentar el pedido de remoción de los jueces de la Corte Suprema es el haber dictado sentencia en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN -ley 26.080-dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento” (Fallos: 344:3636). Dicha decisión, adoptada en una causa iniciada por este Colegio en el año 2006, es ajustada a derecho, y es compatible con sentencias anteriores pronunciadas en casos análogos por la propia Corte Suprema y por otros de tribunales extranjeros de diversos países del mundo, especialmente de los Estados Unidos. Pretender que los jueces sean removidos por dictar un fallo justo porque el gobierno lo considera inconveniente es incompatible con el Estado de Derecho y constituye una afrenta directa a nuestro sistema constitucional. Además, es una muestra de una clara vocación autoritaria en la medida en que se busca conmover la estabilidad de jueces que se limitaron a cumplir su deber, al hacer respetar la Constitución que había sido violada por la ley 26.080.

En idéntico sentido, la pretensión de remover a los jueces de la Corte Suprema por el dictado de una medida cautelar en el marco de la causa iniciada por el gobierno de la CABA constituye un despropósito institucional que, una vez más, violenta la división de poderes y la independencia de la judicatura. Esa medida cautelar fue recurrida a instancias del Presidente de la Nación y la revocatoria presentada, junto con la recusación de los cuatro ministros de la Corte, se encuentra en pleno trámite. En ese contexto, la presentación de un pedido de juicio político, mientras se encuentra pendiente el tratamiento de un recurso contra la medida, es un intento de presión grave y directa sobre los jueces. Se trata de una maniobra condenable ya que es impropia de un Estado de Derecho e implica un verdadero alzamiento contra un poder creado por la Constitución Nacional.
Resulta también preocupante que se intente remover al Presidente de la Corte Suprema, quien además es Presidente del Consejo de la Magistratura, por supuestos intercambios de mensajes de un colaborador suyo, que no lo involucran directa y personalmente al Ministro y que, por otro lado, son actualmente objeto de investigaciones en sede penal. Hechos de esa naturaleza, utilizados livianamente sin aguardar los resultados de la investigación en curso, se erigen en un nuevo atropello a las instituciones de la república.
La independencia del Poder Judicial, y en especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de ese poder del gobierno federal, resulta imprescindible para respetar la vigencia de la estructura institucional que impone la Constitución Nacional, así como para proteger los derechos, garantías y libertades que corresponden a todos los habitantes de la República Argentina. Sería edificante que el Presidente y los gobernadores que con él firman la solicitud de juicio político depongan sus ataques a la Justicia y demuestren a la sociedad que ellos también están sometidos al imperio de la ley y acatan sin restricciones las decisiones judiciales.

El Directorio