12/11/2025 | 12 de noviembre de 2025

PREOCUPANTE AVANCE SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudia la resolución judicial que prohíbe a los medios y periodistas criticar al Ministerio Público de la Provincia de Tucumán y a los magistrados y funcionarios judiciales.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresa su más enérgico rechazo ante la resolución dictada por el Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán, que ordena el cese inmediato de la difusión de todo contenido que cuestione o critique la actuación del Ministerio Público Fiscal o de sus funcionarios, y dispone además que se comunique la medida al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para su control.

Una decisión de esa naturaleza resulta por completo incompatible con los principios esenciales de una República democrática. En un Estado constitucional de derecho, ningún funcionario, y mucho menos un juez, puede erigirse en censor de las ideas, ni impedir a los ciudadanos o a la prensa expresar opiniones —por duras o incómodas que sean— sobre la actuación de los poderes públicos. Sin derecho de crítica el sistema de gobierno no puede pretender ser republicano ni democrático.

La libertad de expresión, reconocida en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no admite restricciones preventivas. El sistema republicano exige que los funcionarios públicos estén sujetos a la crítica y al escrutinio de la sociedad, no protegidos por un cerco judicial que los blinde frente a la opinión ciudadana.

Resulta particularmente grave que un magistrado disponga una prohibición genérica de difundir información u opiniones sobre toda una rama del gobierno, en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han considerado tales medidas como formas de censura previa vedadas por el derecho internacional.

El Colegio exhorta a las autoridades competentes a promover los procesos de responsabilidad institucional y disciplinaria que correspondan frente a semejante apartamiento de los principios republicanos y constitucionales.

La vigencia de la libertad de expresión y de prensa constituye una garantía indispensable para el control de los poderes públicos y para la preservación del Estado de Derecho.

El Directorio.