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 Posición Institucional

25/07/2020 - 25 de julio de 2020

UNA LEY LOCAL QUE DEBE SER VETADA

El 16 de julio pasado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires adhirió al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), determinado por una Resolución del Ministerio de Salud de la Nación, la Nº 1/2019, aprobando una Ley a tal fin.

Resulta insoslayable enfatizar que la cuestión de fondo tiene una implicancia institucional y organizacional de suma gravedad. Cabe recordar que el 9 de agosto de 2018, luego de un profundo debate, el Proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo no logró aprobación legislativa en el Congreso Nacional.

A más de la ponderación que pueda corresponder formular respecto de la materia específica de la regulación legal del aborto, resulta jurídicamente reprochable que por arbitrio de un órgano administrativo como lo es el Ministerio de Salud de la Nación y, ahora, que por una mayoría circunstancial en el ámbito local de la Legislatura porteña, se lesionen las bases mismas en que se sustenta el ordenamiento jurídico nacional.

Así como la anomía legal es una conducta que en su práctica conspira contra la seguridad jurídica de la sociedad, también debe repudiarse con similar énfasis todo acto de las autoridades que, en un claro apartamiento del principio de legalidad, ejerza atribuciones para legislar acerca de una materia para la cual carece de competencia, cual es la que refiere al establecimiento y ampliación de la no punibilidad de conductas previstas en el Código Penal de la Nación en materia de aborto.

Cabe además ponderar que el Protocolo aprobado por la Legislatura resulta violatorio de derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, en particular el derecho a la vida de la persona por nacer, como así también Tratados de igual jerarquía (arts. 18 y 75, inc. 22 CN) a saber, la Convención de los Derechos del Niño (arts. 2, ley 23.849) y la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 4 y 19) y, asimismo, es inadmisible que no se respete plenamente el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, a título individual ni institucional.

Por las razones expuestas, el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES peticiona al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que vete la ley que adhiere al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

El Directorio

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