16/10/2019 | 16 de octubre de 2019
La privación de la libertad a través del mecanismo de la prisión preventiva no es un fin en sí mismo, sino un medio instrumental y cautelar. Conforme lo ha sostenido nuestra institución en anteriores declaraciones, las características de este instituto deben ser respetadas de modo universal, sin exclusiones de persona, posición o causa, ni convertirse en una pena anticipada (“PRISIÓN PREVENTIVA: RESPETAR LA LEY Y LOS DERECHOS DE TODOS” del 14/03/2018 y \"LA PRISIÓN PREVENTIVA NO DEBE CONVERTIRSE EN LA IMPOSICIÓN DE UNA PENA ANTICIPADA”, del 10/11/2017).
El objetivo de las actuaciones judiciales penales es el de llegar sin demora a la instancia del juicio oral, para dar cauce a un proceso justo que resulte acotado en el tiempo como garantía inexcusable, tanto para la víctima como para el acusado.
Las dilaciones investigativas en el ámbito judicial en causas de corrupción, alertadas por el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES al requerir la auditoría de la Justicia Federal Penal, mantienen la vigencia de su reclamo originario y deben ser puestas de manifiesto, una vez más.
A los imputados, pero también a la sociedad les cabe el derecho de que, efectivamente, se avance en el discernimiento de tales causas y, que, en tal caso, se produzca el castigo de quienes fueren encontrados culpables de la comisión de delitos, en el caso señalado, contra la Administración Pública.
La ausencia de juicio frustra tanto a la verdad como al derecho a obtener Justicia en el marco institucional de un proceso respetuoso de las garantías constitucionales.
Los magistrados judiciales y miembros del ministerio público fiscal son los encargados de impulsar y aplicar una administración de Justicia que resulte coherente con estos principios y garantías, aventando por el fruto de su labor toda sospecha respecto de la imparcialidad e independencia con que ejercen su magisterio.
Es de esperar que el impulso de los juicios, algunos de los cuales se encuentran demorados por falta de provisión de recursos humanos a los Tribunales Orales de parte de la Corte Suprema, no se vea ralentizado por influencia de los tiempos o resultados electorales, y que la actuación de los tribunales desmienta en los hechos el osado pronóstico vertido por un acusado en la causa de los cuadernos, quien manifestó que ese juicio oral, así como el de la AMIA, no arrancarían nunca. La ciudadanía espera de los jueces que actúen como tales. En estas circunstancias, de ellos depende la imagen y la credibilidad de la justicia.
El Directorio
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