Reflexiones

Nota del Director, Cristian Fox


El cambio tecnológico no es una herramienta más, sino otra forma de pensar


Toda innovación verdaderamente relevante se presenta primero como un instrumento y termina siendo un método. La imprenta pareció ser un modo más rápido de copiar libros y acabó modificando la relación de los hombres con la autoridad; la partida doble pareció una técnica de registro y terminó por definir qué cosa es una empresa y qué significa ganar o perder. Convendría entonces desconfiar de la comodidad con que hoy se describe la transformación tecnológica en curso como una simple caja de herramientas más veloz.

Lo que verdaderamente está cambiando es otra cosa, y es de orden epistemológico: la posibilidad de observar los efectos de las decisiones en el momento mismo en que se producen.

Durante siglos, la distancia entre una idea y su consecuencia fue tan larga, y la consecuencia tan difícil de medir, que las ideas podían sobrevivir indefinidamente sin rendir cuentas durante el período vital de quienes padecían sus efectos. El fracaso de las grandes revoluciones violentas son su claro ejemplo. Esa impunidad se está terminando.

Antes esa discusión se habría resuelto por autoridad, por intuición o por costumbre; hoy se resuelve por resultado. Antes los errores tardaban una generación en manifestarse y otra en repararse. Hoy la tecnología no aporta una comodidad: aporta un tribunal.

Y ese es exactamente el punto que nos interesa. Lo que se avecina no es un auxiliar del pensamiento sino un cambio en el criterio de verdad admisible. Una afirmación que no puede contrastarse con nada empieza a valer menos que una afirmación modesta que puede verificarse; la intención declarada de una norma empieza a pesar menos que su efecto comprobado; el prestigio de quien sostiene una tesis empieza a ceder frente a la posibilidad de examinar sus consecuencias.

Para quienes construyeron sobre proposiciones inmunes a la refutación, esto es una amenaza, y no debería sorprendernos que la resistencia sea intensa y que se disfrace, como siempre, de prudencia y de defensa de valores superiores (generalmente con el uso del aditamento Patria o Nación y así justificar un interés sectorial superior e indiscutible que -en ese formato- debe ser sostenido a costa del resto).

Hay además una segunda dimensión, menos evidente y más peligrosa. Las mismas capacidades que permiten verificar consecuencias permiten también administrar conductas con una precisión inédita. El instrumento que puede desnudar el fracaso de una regulación puede igualmente hacerla exhaustiva, y quien se acostumbró a ordenar la vida ajena encontrará en la nueva técnica una tentación difícil de resistir.

De modo que la disputa no será entre tecnología y tradición, sino entre dos usos posibles de lo mismo: uno que somete las decisiones al examen de sus resultados y otro que se sirve de ella para ejecutar sin discusión las decisiones ya tomadas. Nada garantiza que se imponga el primero. Solo lo hará si quienes piensan asumen la incomodidad de exponer sus propias ideas al mismo examen que exigen para las ajenas.

La reciente revelación que hizo la red social X sobre las interferencias gubernamentales del oficialismo brasileño a la oposición son clara muestra de ese retroceso frente al derecho a la libertad de expresión, con la salvedad que hoy queda en evidencia ese accionar, con la diferencia que ahora puede hacerse público en tiempo real.

En la Argentina, cada cambio debe abrirse camino a través de una malla de normas, fallos, estatutos y privilegios construida —a veces con buenas intenciones, a menudo sin ellas— para que nada se mueva. Es necesario superar esa situación, desarmando el andamiaje que permitió su construcción.

El inmovilismo se construyó en base a normas que fueron diseñadas, o capturadas después, para blindar posiciones adquiridas. El impuesto distorsivo, contribuciones obligatorias, tasas por servicios inexistentes, cautelares que suspenden una ley votada por las dos cámaras: detrás de cada uno de estos basamentos hay un beneficiario concreto, organizado y con nombre, mientras el perjuicio se reparte de manera difusa entre millones que nunca se enteran de lo que pierden. Esa asimetría entre beneficio concentrado y costo disperso es la física elemental que explica por qué el statu quo gana casi siempre.

Las ideas malas se aplican más rápido porque tienen el encanto del pensamiento mágico, pero las buenas tardan en germinar y dar frutos, que luego se potencian exponencialmente.

Aplicado a lo público, eso significa desatar los nudos uno por uno, con paciencia y con nombre propio: saber exactamente dónde está cada lazo, quién lo ató y a quién beneficia. No es épico, y probablemente por eso funcione. La superación, después de todo, implica la decisión de volver a intentarlo mañana, sabiendo todo lo que falta.

En esta edición les presentamos algunos trabajos sobre la necesidad (ya inevitable) de asociar las prácticas y decisiones jurídicas con sus resultados concretos.

Toda norma y todo fallo son, quiérase o no, una hipótesis sobre el mundo. Afirman que, si se dispone tal cosa, ocurrirá tal otra. El derecho, sin embargo, se ha acostumbrado a discutir únicamente la corrección interna de esa proposición —su coherencia con el sistema, su fundamentación, su elegancia argumental— y a considerar impertinente la pregunta por lo que efectivamente sucedió después. Hay cierta comodidad en juzgar la decisión por su forma y jamás por su consecuencia.

Esa amputación deliberada de la relación causa-efecto es la que permite que ideas reiteradamente desmentidas por la experiencia conserven intacto su prestigio doctrinario y sigan produciendo daños concretos.

Los ejemplos son abundantes y están a la vista de cualquiera que analice los resultados de buscar justicia sectorial abandonando el principio de justicia general: el reclamo de indemnizaciones irreales respetando la hipótesis implícita que así se protegería mejor al trabajador, o que interferir en relaciones contractuales individuales mejorarían situaciones de supuestas partes débiles (i.e., alquileres, moneda extranjera, concesiones, entre tantísimos), o proteger a ciertos sectores de la economía condenando al resto de los usuarios.

Esas practicas mataron el espíritu emprendedor que obliga a la superación permanente. En lugar de fomentar la generación de mejoras, nuestro sistema se utilizó para proteger legalmente ideas que redujeron la actividad empresarial a conseguir subsidios estatales, convirtiendo al subsidio en un negocio en sí mismo, sin importar la calidad del producto o la prestación del servicio, y evitando así la formación de un sistema de precios que dejaría en evidencia la irrealidad de los montos.

A pesar de ello, en el derecho muchas ideas se las sigue enseñando como una conquista.

Un ejemplo de ello son las medidas cautelares, que por sí mismo merecen un párrafo propio, porque allí el problema no es solo ideológico sino de diseño. Un amparo que permite a cualquier juez del país —incluso a uno manifiestamente incompetente en la materia— suspender con mínima fundamentación una ley con alcance universal, coloca la decisión en manos de quien estructuralmente ve la mitad de la evidencia. El juez tiene delante al afectado, con su queja concreta, documentada y personal; no tiene delante, ni puede tenerlo, al beneficiario disperso de la norma, que ni siquiera sabe que existe un expediente donde se decide su suerte.

Nótese que el problema no es de técnica ni de mala fe. Es de creencias. Se cree que declarar un derecho equivale a producirlo; que ampliar por ley las prestaciones obligatorias equivale a financiarlas; que suspender una norma equivale a proteger a alguien. Y como estas creencias se sostienen sin contraste posible, cada fracaso se atribuye a una implementación defectuosa, a un contexto adverso o a la insuficiencia de la propia medida —de donde se concluye, invariablemente, que hacía falta más de lo mismo—.

Lo que proponemos, entonces, es un cambio de exigencia y no de ideología: que toda práctica y toda decisión jurídica quede asociada a sus resultados verificables. Que se pregunte por el efecto agregado y no solo por el efecto visible; que se releve qué ocurrió después de un fallo estructural o de una regulación, y no únicamente qué se dijo al dictarlo; que se incorpore al debate el costo que la decisión traslada a quienes no estuvieron en el proceso; que existan revisiones periódicas de las normas según su desempeño y no según su antigüedad. Nada de esto exige abandonar el rigor jurídico: exige extenderlo hasta el punto donde hoy se detiene por comodidad. Y la tecnología disponible vuelve esta exigencia razonable, porque lo que antes era imposible de medir hoy es simplemente resulta incómodo de medir.

Recordemos que no hace tanto se llegó a decir que no se tenía el número exacto de pobres en el país, y se afirmó que medir la pobreza de esa forma era "un poco estigmatizante".

Esperamos que encuentren los trabajos que compartimos del mismo interés que tuvimos nosotros al momento de su elección.

 

El Director