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06/11/2007 | Declaración Pública

El acto electoral del 28 de octubre de 2007


La ciudadanía ha sido convocada a emitir su sufragio el domingo 28 de octubre. La importancia de este acto cívico se evidencia al constatar que de su resultante han sido electas las autoridades que, desde sus respectivas jurisdicciones y esferas de poder, gobernarán por un nuevo periodo. Este saludable ejercicio de la vida democrática, se ha visto teñido por una notable abstención que muestra cierta indiferencia de la ciudadanía y por deficiencias tan notorias que, el acto electoral ya es calificado por los medios como el de peor organización en la historia contemporánea de nuestro país.
Las fallas en la notificación a las autoridades de mesa, los incidentes en las colas, las demoras que sufrieron tantos votantes, la falta injustificada de boletas de diferentes partidos –particularmente, en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, aunque no de modo excluyente- constituyen una sumatoria de irregularidades episódicas que, en su conjunto, conforman un real avasallamiento al derecho del ciudadano. Esta circunstancia es una nueva manifestación práctica de la mala calidad institucional de nuestro país.
La vida en democracia exige de la transparencia en todos los actos de gobierno y, en particular, el máximo de los recaudos en la realización de los comicios. La experiencia habida debe ser tomada en cuenta por las autoridades para mejorar su desenvolvimiento en la gestión de una actividad de gobierno tan trascendente y delicada como la apuntada. Pero no sólo por ellos: también corresponde en su grado de participación a los partidos políticos, a las entidades intermedias y la ciudadanía, exigir una mejora en su desenvolvimiento. Esta es una materia central que debe recomponerse desde su faceta más primaria y sin dilaciones.
Este tema se vincula a la cuestión del sistema representativo de gobierno, y pone de relieve el daño que produce no encarar la postergada y tantas veces anunciada reforma política. Sus principales ejes deben orientarse a: a) modificar el ordenamiento legal de los partidos políticos para permitir un control sobre el origen y utilización de sus fondos;.b) reinstalar el principio constitucional de proporcionalidad de la población en la representación parlamentaria ya que no se ha actualizado la base de electores por diputados conforme al último censo y se mantiene una representación ficticia de tres diputados por provincia impuesta por la ley 22.847 que no tienen relación con la población; c) modificar el sistema de la denominada lista sábana para permitir un mayor poder de elección en el ciudadano y d) introducir mejoras operativas en los sistemas de emisión, escrutinio, procesamiento e información del sufragio implementando el voto electrónico para evitar el manejo discrecional de la disponibilidad de boletas, la logística de fiscales asociada a los comicios y posibles manejos turbios a la hora del recuento de votos.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, si bien celebra un nuevo acto de ejercicio del voto como sustento de la democracia, insiste en que se debe instaurar un esquema legal que favorezca la transparencia de la vida política, en el que el proceso electoral resulte su diáfana expresión consagratoria y de esta manera fortalezca la legitimidad de origen de quienes resulten elegidos para ejercer los altos cargos de la República.