La Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

I. Introducción

 

El 5 de agosto de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un importante pronunciamiento en materia de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral dictado en el extranjero, censurando las interferencias provenientes de las instancias judiciales inferiores destinadas a impedir el exequatur de la decisión arbitral, conforme lo establecido en la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, aprobada por la Ley 23.619 (la “Convención de Nueva York”).

 

En particular, la Corte Suprema entendió que no correspondía que los tribunales intervinientes reintrodujeran, de oficio, defensas fundadas en el orden público para enervar los efectos de una decisión judicial que, hallándose firme, había reconocido la validez de un laudo arbitral extranjero y ordenado su ejecución, puesto que semejante temperamento implicaba un “desconocimiento del principio de congruencia y la cosa juzgada, cuya raigambre constitucional ha sido reconocida por esta Corte y su respeto se ha entendido como una exigencia del orden público con jerarquía superior”.

 

II. El caso y las distintas instancias intervinientes

 

1. El contrato que dio origen al arbitraje

 

En el año 1996, Milantic Trans S.A. (“Milantic”), una compañía constituida de conformidad con las leyes de Panamá, celebró un contrato para la construcción de dos buques con destino de exportación (el “Contrato”), con el Ente Administrador del Astillero Río Santiago (“ARS”), creado por el Decreto N° 4538/1993 en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires con carácter de entidad autárquica de derecho público, pero con capacidad suficiente para actuar bajo derecho público o derecho privado, según corresponda. [1]

 

En virtud del Contrato, ARS asumió las obligaciones de diseñar, construir, botar, equipar y finalizar un Granelero monohélice de aproximadamente 27.000 DWT (métricas) y entregarlo en condiciones plenas de operación, apto y listo en todo aspecto para el movimiento mercantil inmediato y no restringido. Por su parte, Milantic se obligó a pagar el precio según las condiciones fijadas contractualmente, que ascendía a la suma de US$ 16.850.000 e incluía los servicios técnicos que ARS le prestaría a Milantic.

 

Entre otras estipulaciones relevantes, las partes pactaron que la fecha de entrega del buque sería el 2 de enero de 1998 –luego prorrogada al 4 de marzo de 1998–, estableciéndose un plazo de 15 días adicionales para la entrega en el que no se realizaría ningún ajuste del precio. En caso de demoras superiores a 15 días, ARS debía pagar a Milantic, en concepto de cláusula penal moratoria, la suma de US$ 10.500 por cada día de retraso hasta la efectiva entrega del buque. Asimismo, en caso de rescisión del Contrato por culpa del constructor, ARS debía pagar a Milantic la suma de US$ 1.663.937 en concepto de daños y perjuicios derivados de la rescisión, más los daños liquidados por el retraso en la entrega, acumulados hasta la fecha de rescisión.

 

La ley aplicable al Contrato sería la ley inglesa y toda controversia entre las partes sería dirimida mediante arbitraje con sede en Londres, Inglaterra, siendo que el laudo emitido, ya sea por un árbitro único o por una mayoría de tres árbitros según el caso, sería definitivo y obligatorio para las partes, sujeto únicamente a apelación ante la Corte Suprema de Londres, de conformidad con las leyes inglesas.

 

A su turno, mediante la Ley 11.837, la Legislatura provincial autorizó a ARS a contratar con el Banco de la Provincia de Buenos Aires las garantías bancarias requeridas para la contratación, hasta la suma de US$ 27.000.000, estableciéndose además que la Provincia de Buenos Aires garantizaría el cumplimiento de las obligaciones de pago que asumiera ARS frente al Banco de la Provincia.

 

2. El arbitraje y el laudo dictado

 

Alegando ciertas demoras e incumplimientos en la entrega del buque, Milanticpromovió un arbitraje contra ARS en Londres.

 

El 15 de noviembre de 2004, el tribunal arbitral emitió el laudo, condenando a ARS a pagar a Milantic una suma total de US$ 3.248.568 –comprensiva de US$ 1.575.000 correspondiente a la penalidad por demora hasta el límite de 150 días, US$ 1.663.937 correspondiente a la indemnización tasada en el Contrato por los daños y perjuicios derivados de la rescisión y una suma menor por los costes de los suministros de productos y servicios al buque–, más intereses computados a partir del 18 de enero de 1999 hasta la fecha efectiva de pago a una tasa de interés anual de 5,5% convertible trimestralmente, imponiéndole además a ARS el pago de las costas del arbitraje, las que serían cuantificadas en un laudo posterior.

 

El laudo del tribunal arbitral fue unánime y no fue objeto de apelación por ninguna de las partes ante la Corte Suprema de Londres, de conformidad con lo que preveía la cláusula arbitral contenida en el Contrato.

 

Posteriormente, el 1 de julio de 2005, el tribunal arbitral emitió un segundo laudo en materia de costas, ordenando que ARS pague a Milantic la suma de GBP 220.080 en concepto de costas recuperables, con más un interés anual del 6,75%, capitalizable trimestralmente desde la fecha del primer laudo; y la cantidad de GBP 7.750, con más intereses compuestos a la tasa de 6,75% desde la fecha del segundo laudo hasta la fecha de pago, capitalizable trimestralmente, en concepto de costas por este último laudo.

 

3. La sentencia de primera instancia que reconoce la validez del laudo arbitral y ordena su ejecución

 

Una vez dictado el laudo arbitral, Milantic se presentó ante el fuero contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires a fin de obtener su reconocimiento y ejecución, de conformidad con las previsiones de la Convención de Nueva York.

 

El 17 de noviembre de 2006, el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo N° 2 de La Plata emitió sentencia, reconociendo y concediendo la ejecución de los dos laudos arbitrales, el primero sobre el fondo de la controversia y el segundo sobre la determinación y asignación de costas. [2]

 

A tal fin, la jueza de primera instancia desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva que había opuesto la Provincia de Buenos Aires, al entender que ella no era ajena a la relación jurídica sustancial. Ello por cuanto ARS no era una verdadera entidad autárquica sino que se encontraba subordinada a la Administración central de la Provincia, al tiempo que carecía de una estructura orgánico-funcional necesaria para el cumplimiento de las funciones encomendadas, no contaba con un órgano de administración (Directorio) y no tenía un patrimonio propio afectado al cumplimiento de sus fines, a tal punto que la Ley 11.837 había impuesto al Poder Ejecutivo provincial el rol de garante en el cumplimiento de las obligaciones que asumiera ARS ante el Banco de la Provincia por las garantías que otorgase bajo el Contrato.

 

Asimismo, la sentencia de primera instancia rechazó el resto de las defensas articuladas por la Provincia para impedir el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, al resolver que (i) resultaba aplicable al caso la Convención de Nueva York, por tratarse de una disputa que revestía naturaleza comercial, (ii) el laudo arbitral reunía los requisitos extrínsecos e intrínsecos exigibles por dicha Convención para ser reconocido y ejecutado, (iii) ARS no estaba sujeto a ninguna incapacidad para suscribir el Contrato, que precisamente había sido aprobado por el Gobierno provincial mediante la Ley 11.837, y (iv) el laudo arbitral no resolvía sobre ninguna cuestión no arbitrable bajo el derecho argentino, además de que no era incompatible con el orden público.

 

Por último, las costas fueron impuestas a la Provincia, dejándose pendientes para la etapa de ejecución las cuestiones referidas a la moneda de pago y a la aplicación de la ley local de consolidación de deudas.

 

4. La sentencia de Cámara que rechaza el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral

 

Contra la sentencia de primera instancia, la Provincia interpuso un recurso de apelación únicamente respecto de la imposición de costas, argumentando que correspondía soportarlas “por las partes en el orden causado”, tal como establecía el art. 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo vigente en aquel momento. [3]

 

El 30 de agosto de 2007, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata revocó la sentencia apelada, disponiendo “rechazar la ejecución del laudo arbitral extranjero dictado en la Ciudad de Londres el 15 de noviembre de 2004, y sus ampliatorios, declarándose improcedente la petición de la parte demandante”. [4]

 

Para denegar el exequatur, la Cámara entendió que si bien el recurso de apelación de la Provincia estaba limitado a la imposición de costas, “el modo como ha sido articulado el planteo impugnatorio fuerza a este tribunal a ingresar al fondo de la pretensión principal”.

 

Si bien la Cámara no explicita ninguna razón convincente que le permitiera extralimitar en el objeto de la apelación –de hecho, sostiene que el recurrente hizo reserva de caso federal y habría supuestamente ingresado “en los contornos centrales de la polémica” en un escrito de 3 páginas (fs. 393/395 del expediente)–, lo cierto es que el tribunal dice que le corresponde examinar y valorar “la presencia de un error de juzgamiento en el fallo atacado”.

 

Ingresando en esa valoración de la sentencia de primera instancia, la Cámara encuentra que la fuente de su competencia es el Código Procesal Administrativo de la Provincia, que establece el cauce formal para la revisión judicial de la “función administrativa”, lo que desplazaría la naturaleza comercial de la disputa (construcción de un buque para exportación), con mención al “interés público” que rige la conducta estatal.

 

Además, sostiene que la autonomía provincial –con mayor rigor en la faz procesal– hace inaplicable los tratados internacionales celebrados por el Gobierno Federal, como la Convención de Nueva York, en los conflictos en que el Estado provincial es parte.

 

Por último, la Cámara también pone en tela de juicio la validez de la prórroga de jurisdicción en favor de un tribunal arbitral en el caso concreto: “Tampoco, cuanto menos sin autorización legislativa expresa, resulta procedente, bajo ninguna circunstancia, detraer del conocimiento y decisión de los tribunales locales las controversias que suscite la actuación de los órganos del estado provincial”.

 

En la sentencia de Cámara luce un voto concurrente, en el que se sostiene que como la cuestión debatida era de naturaleza “ius publicística” y “al respecto campean cuestiones de derecho público”, el tribunal judicial hasta podría, según esta opinión, “avanzar hipotéticamente en el mérito de lo decidido” aun cuando no fue materia de la apelación. Y al hallarse comprometido el “orden público”, según este criterio, estaba justificada la intervención del tribunal, coronando estas ideas con la cita del fallo “Cartellone c/Hidronor”. [5]

 

5. La confirmación del rechazo del reconocimiento y ejecución del laudo arbitral por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

 

Contra la sentencia de Cámara, Milantic interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, que fueron rechazados –casi una década después– por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (“SCBA”) mediante sentencia del 30 de marzo de 2016. [6]

 

Para resolver de ese modo, la SCBA sostuvo, en primer lugar, que los jueces estaban facultados para revisar, aun de oficio, si las sentencias o laudos arbitrales dictados en el extranjero violentaban el orden público y, en su caso, denegar su ejecución.

 

En este punto, la SCBA entendió que la celebración del Contrato y del compromiso arbitral resultaban violatorios del derecho interno y transgredían principios de orden público. “Y esto porque, demostrado que no existe norma dictada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que haya aprobado el acuerdo (y desde que, sin tal aprobación, queda sin cumplir una de las condiciones principales para el nacimiento del contrato), todas las cláusulas en él establecidas se derrumban irremisiblemente, encontrándose entre ellas la del sometimiento al arbitraje internacional. En otras palabras: no hay pruebas de que la Provincia de Buenos Aires haya dado su consentimiento, aprobación o aquiescencia para que ARS celebrara este contrato como así tampoco –mucho menos– para que se pactara el sometimiento al arbitraje; consecuentemente, cualquier intento de ejecutar un laudo pronunciado en ese marco resulta claramente atentatorio contra el orden público (y el sentido común)”. [7]

 

En función de ello, la SCBA concluyó que el Contrato no era más que una “declaración de intenciones” violatoria del orden público, por lo que debía denegarse la ejecución del laudo arbitral en función de lo dispuesto en el art. V.2.b) de la Convención de Nueva York.

 

6. La sentencia de la CSJN, un retorno al reconocimiento de la validez del laudo arbitral y su eventual ejecución

 

Contra esta decisión, Milantic interpuso recurso extraordinario federal, que fue concedido por la SCBA.

 

A su turno, mediante sentencia del 5 de agosto de 2021, la Corte Suprema hizo lugar al recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada, ordenando el dictado de una nueva sentencia por el tribunal de origen con arreglo a lo ordenado en su pronunciamiento. 

 

En este sentido, la Corte entendió que el punto central en discusión era dilucidar si la “facultad” prevista en el art. V.2 de la Convención de Nueva York, [8] que habilita a los jueces a denegar una solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero con fundamento en razones de orden público, los autoriza a reintroducir de oficio defensas que habían sido planteadas y rechazadas en primera instancia con carácter firme.

 

En primer lugar, el Alto Tribunal sostuvo que la interpretación del art. V.2 de la Convención de Nueva York debía hacerse de conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, en función de la reserva formulada por la República Argentina al aprobar la Convención mediante la Ley 23.619, reserva que fue reiterada al depositarse el instrumento de ratificación de dicho tratado.

 

Seguidamente, la Corte sostuvo que uno de esos principios era el debido proceso adjetivo, contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional, “que, a su vez, ha sido calificado como integrante del orden público internacional argentino”, al que debía ajustarse no solamente el laudo arbitral extranjero sino también las sentencias dictadas en la República Argentina en el marco del proceso de reconocimiento y ejecución de la decisión arbitral.

 

En cuanto al alcance de ese principio en el caso examinado, el Alto Tribunal recordó que es inconstitucional y violatorio del principio de congruencia que los tribunales de alzada, al momento de dictar sentencia, extralimiten su competencia, la que se encuentra delimitada por los términos en los que quedó trabada la relación procesal y el alcance del recurso concedido, no pudiendo alterarse aquellas decisiones plasmadas en una sentencia anterior que habían quedado firmes. [9]

 

Ello por cuanto la cosa juzgada “…es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y por ello, salvo en los supuestos excepcionales en los que se ha admitido la nulidad de un pronunciamiento judicial firme, no es susceptible de alteración ni aun por vía de la invocación de leyes de orden público toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior (Fallos: 299:373; 301:762; 302:143; 311:495; 312:376; 338:599, entre muchos otros)”. [10]

 

Este punto es determinante para que el Máximo Tribunal revoque la sentencia de la SCBA. El recurso de apelación deducido por la Provincia contra la sentencia de primera instancia se limitó a cuestionar la imposición de las costas, “sellando de esta forma cualquier posibilidad de revisión de otros aspectos del fallo en instancias posteriores”.

 

En suma, la intervención oficiosa de los tribunales locales justificada en una supuesta violación del orden público implicó un desconocimiento del principio de congruencia y la cosa juzgada, que precisamente integran el orden público con jerarquía superior.

 

III. Algunos comentarios sobre las sentencias judiciales reseñadas

 

La sentencia de la Corte –que culmina con la saga del caso Milantic– es sumamente relevante para el arbitraje en nuestro país. Se trata de una decisión que se enrola en una serie de pronunciamientos notables de los últimos años, que se caracterizan por respetar las decisiones que se adoptan en la jurisdicción arbitral –aplicando estrictamente las normas nacionales e internacionales implicadas–, evitando las interferencias negativas de los tribunales judiciales en el arbitraje, lo que permite augurar un progresivo abandono de la perniciosa doctrina del fallo “Cartellone c. Hidronor”.

 

En efecto, esta tendencia resulta particularmente visible tanto en las sentencias dictadas con motivo del reconocimiento y ejecución de laudos –tal como sucedió en el fallo “Deutsche” [11] de 2019 y en el fallo en comentario–, como en aquellas emitidas en instancia de anulación, limitándose el alcance del recurso de nulidad a las causales taxativamente previstas por el ordenamiento jurídico –las que, además, deben interpretarse restrictivamente–, [12] lo que impide que se rediscutan en sede judicial las cuestiones de fondo decididas en los laudos arbitrales.

 

A ello se añade la reciente aprobación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional [13] –la que ha sido adoptada por más de 80 países–, que resulta un instrumento fundamental para la resolución de disputas en el marco del comercio internacional, junto con una regulación de avanzada sobre el contrato de arbitraje en el Código Civil y Comercial.

 

La sentencia de la Corte objeto del presente comentario es ortodoxa en cuanto a la solución adoptada e impecable en cuanto a su fundamentación. En rigor, la decisión es bastante sencilla: los tribunales de alzada no pueden modificar decisiones judiciales firmes de las instancias inferiores, porque de otro modo violarían la cosa juzgada y el derecho al debido proceso, principio este último que integra el orden público internacional argentino y prevalece sobre otras reglas que, en el caso analizado, dudosamente fueron calificadas con ese carácter, como que el Contrato no había sido aprobado por una ley específica, exigencia más del propio Contrato que del orden público.

 

Si bien es cierto que el art. V.2 de la Convención de Nueva York, al reconocer la facultad (no el deber) [14] de denegar el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral contrario al orden público, no establece una definición sobre qué debe entenderse comprendido en la noción de orden público –sino que deja librado a los jueces del exequatur esa determinación–, en la actualidad se entiende que la Convención se refiere al orden público internacional del Estado en el que se persigue el reconocimiento y ejecución, [15] un estándar más elevado que el mero orden público interno.

 

El orden público internacional comprende los valores esenciales largamente reconocidos que se erigen como fundamentos primarios del sistema jurídico, lo que no incluye necesariamente a todas las normas internas imperativas del país del juez del exequatur. [16] Ello es relevante por la propia finalidad de la Convención, suscripta y ratificada por más de 160 países, destinada a permitir el reconocimiento y la ejecución de los laudos con defensas extremadamente limitadas para la parte que se oponga.

 

No obstante, la Corte interpretó el art. V.2 de la Convención de Nueva York de conformidad con la reserva formulada por la República Argentina al momento de la aprobación y ratificación del tratado, es decir, “en concordancia con los principios y cláusulas de la Constitución Nacional vigente o con los que resultaren de reformas hechas en virtud de ella”, [17] lo que de todas maneras condujo al mismo resultado, dado que los principios implicados en la decisión también tienen lógicamente reconocimiento constitucional.

 

De esta manera, el Alto Tribunal manda a reconocer la validez del laudo arbitral y a posibilitar su ejecución, revocando la decisión de la SCBA, que había confirmado la sentencia de la Cámara contraria a tal reconocimiento.

 

Sobre el punto, caben ciertas críticas a las sentencias de las instancias inferiores. Ciertamente, es muy curiosa y llamativa la sentencia de Cámara que inicialmente pretendió desconocer la validez del laudo e impedir su ejecución. Y no solamente por llegar al punto de ignorar principios de orden público internacional como el debido proceso y la res iudicata, cuya sacralidad para el derecho viene desde la época de los romanos, sino porque además quedó en evidencia que el recurso utilizado para entrar en el fondo del asunto (“el modo como había sido articulado el planteo impugnatorio”), más que una retórica elegante, era una falsedad fácilmente contrastable, como lo advirtió la Corte en su fallo.

 

Por otra parte, se advierten serios errores de juzgamiento en dicho pronunciamiento. En este sentido, la relación jurídica entre Milantic y ARS era de evidente naturaleza comercial. La “compra o venta de buques” estaba expresamente definida como un acto de comercio en el Código de Comercio vigente a la época del fallo. Las partes del Contrato eran una empresa extranjera y una entidad descentralizada de la Provincia, que en el caso también actuaba como empresa estatal –de hecho, estaba sujeta a una privatización que nunca ocurrió– o, cuanto menos, en el marco del ejercicio de un claro acto de gestión como la construcción y venta de buques para exportación, para lo cual estaba habilitada estatutariamente por el Decreto N° 4538/93.

 

En esas condiciones, la falacia en el razonamiento de la Cámara es bastante evidente: como su competencia está limitada a la revisión del ejercicio de la “función administrativa” por parte de los entes y órganos provinciales, la operación de comercio internacional se transformaba ahora en el ejercicio de la “función administrativa” por parte de ARS. Es decir, que el tribunal, en lugar de declararse incompetente y enviar el expediente al fuero civil y comercial, decidió que un acto de comercio de ARS, como la construcción y venta de buques, pasaba a ser una “función administrativa” orientada por el “interés público”. [18]

 

A partir de la transustanciación de la naturaleza de la controversia que realiza la Cámara, calificándola como el ejercicio de “función administrativa”, se despliegan una serie de argumentos que van deduciéndose con toda lógica pero a partir de premisas falsas, que poco tienen que ver con el conflicto entre las partes, lo que revela la intencionalidad de la decisión tendiente a impedir la ejecución del laudo. Por ejemplo, dice la Cámara que por tratarse del ejercicio de la “función administrativa”, estaríamos en presencia de “una relación de poder, tal y como compete a toda conducta pública”. Esto de pretender aplicar principios de soberanía a las relaciones comerciales internacionales es traicionar las bases originales de la contratación. Alguna vez se dirá también que es de mala fe.

 

De la misma manera, la Cámara llega a la inesperada conclusión de desconocer la aplicación y vigencia de un tratado internacional como la Convención de Nueva York en el territorio provincial, [19] al tiempo que afirma que un contrato comercial requería expresamente de una ley de la Legislatura que lo aprobase como una exigencia del orden público, no porque así lo exigiera el propio Contrato –que ARS estaba expresamente facultada a celebrar– y a pesar de que la Provincia había autorizado expresamente por ley la contratación de garantías bancarias requeridas para la contratación, afianzando incluso las obligaciones de pago de ARS. [20]

 

Lo mismo sucede con el fallo emitido por la SCBA, que profundiza en los desaciertos de la sentencia que confirma. Más allá del desarrollo pormenorizado del fundamento central relativo a la “nulidad” del Contrato por falta de aprobación por ley de la Legislatura, la SCBA advierte otras irregularidades en el trámite, que también conducirían a la nulidad, tales como que no había constancias de que se hubiese dado intervención al Fiscal de Estado, no solamente en la negociación del Contrato –puesto que es el encargado de defender el patrimonio fiscal–  sino tampoco en el arbitraje posterior –dado que es el representante de la Provincia “en todos los juicios en que se controviertan sus intereses cualquiera sea su fuero o jurisdicción”–. [21]

 

Esta mecánica de buscar “nulidades” ex post facto para sustraerse de compromisos y obligaciones previamente contraídas es también condenable, porque implicaría permitir que puedan desconocerse actos previos jurídicamente relevantes y beneficiarse consecuentemente de una actuación posterior contradictoria. No parece que, por ejemplo, ARS haya alegado la nulidad del Contrato cuando recibió el primer pago parcial del precio, sino luego de generada la controversia.

 

Pero más allá de estas consideraciones, la pregunta es obvia: ¿De quién fue la culpa de que no se le haya dado intervención al Fiscal de Estado? ¿De quién fue la culpa de que ARS estuviera en un estado rayano de indefensión durante el arbitraje? [22] En este aspecto, es loable que tanto la SCBA como la Corte Suprema manden a investigar la responsabilidad de los profesionales que actuaron en la causa en representación de ARS y de la Provincia, aunque también esa indagatoria debería hacerse extensiva a quienes gestionaron la celebración y ejecución del Contrato por parte de ARS. Y sería deseable que se obtenga algún resultado concreto en esos sumarios, para que esas decisiones no queden en meras declamaciones que adornan las sentencias.

 

Por otra parte, existe un pasaje en el fallo de la SCBA que resulta altamente llamativo, pues nada tenía que ver con la situación de hecho examinada: “En el contexto de la política económica que se dio en nuestro país en la década de los ‘90, el argumento de la seguridad jurídica (y también una obcecada sumisión al principio pacta sunt servanda, agrego por mi parte) autorizó tratados de protección y promoción de inversiones que consagraron la obligatoriedad del mecanismo del arbitraje dejando fuera de todo control jurisdiccional las eventuales decisiones adoptadas en sede internacional. Como fruto de ello, y de la política de privatizaciones y venta de las empresas del estado, las pingües ganancias obtenidas eran giradas al exterior sin control alguno (lo que provocaba un endeudamiento interno y externo grave y perdurable), sin que hubiera forma de oponerse a tamaño desaguisado. En otras ocasiones, este sometimiento a tribunales arbitrales resultó una funesta cobertura a la corrupción estructural”.

 

Si bien estas definiciones político-ideológicas resultan impropias para las sentencias judiciales, lo cierto es que revelan el nivel de neutralidad e imparcialidad con el que el tribunal abordó el análisis del reconocimiento del laudo arbitral.

 

También dice la sentencia de la SCBA que las “…cuestiones como el cohecho, el blanqueo de capitales y el fraude contable forman hoy parte del orden público internacional y si las cuestiones no han sido expresamente tratadas por los árbitros, los tribunales del país donde deba cumplirse podrían rechazar tal reconocimiento y ejecución”. Esto es cierto, pero no se alcanza a entender cuál sería la relación con el reconocimiento del laudo arbitral que se examinaba, dado que no parece que hubieran planteado cuestiones de corrupción –comprobadas o indiciarias– durante la celebración o ejecución del Contrato, sino más bien una deplorable gestión por parte de ARS, que lamentablemente será costosa para la Provincia de Buenos Aires.

 

Por último, quedaría preguntarse cuál habría sido la decisión de la Corte Suprema en el caso en que efectivamente la Provincia hubiera apelado la sentencia de primera instancia en cuanto al fondo del asunto, no limitando su cuestionamiento a la imposición de costas. Seguramente la respuesta será materia de algún próximo fallo.