Titulo: DECLARACIONES PUBLICAS
Autor: Indice
Páginas: 118 a 142
Edición: Julio 2015. Tomo 75. Nro. 1
Disconformidad con el proyecto de ley que postula la despenalización del aborto.
30 de julio de 2007

La Ley de Riesgos del Trabajo y el instituto de la indemnización por despido requieren una urgente definición.
7 de agosto de 2007

Acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelve la nulidad del indulto presidencial.
8 de agosto de 2007

Se pide al Senado igualdad de tratamiento en el impuesto a las ganancias para quienes ejercen profesiones en forma autónoma.
22 de agosto de 2007

CASSABA y las Cajas de Previsión Provinciales
23 de agosto de 2007

En el aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi.
29 de agosto de 2007

Aplicacion de la Ley de Abastecimiento: un caso paradigmatico.
7 de septiembre de 2007

CASSABA, una cuestión que no admite dilación.
21 de septiembre de 2007

El CACBA ante un aborto provocado y autorizado oficialmente.
28 de septiembre de 2007

El acto electoral del 28 de octubre de 2007.
6 de noviembre de 2007

El Colegio ante la Prórroga de la Ley de Emergencia
29 de noviembre de 2007



Disconformidad con el proyecto de ley que postula la despenalización del aborto.(30-07-07)

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresa su completa disconformidad con el proyecto de la diputada Juliana Marino a través del cual se propone modificar el artículo 86 del Código Penal pero en realidad, postula la lisa y llana despenalización del aborto. El Código vigente exime la responsabilidad penal en los casos que el mencionado artículo prevé y que el juez debe juzgar luego de producido el hecho.

La reforma proyectada establece, en abstracto, la autorización legal previa para abortar en los casos previstos, eliminando así la posibilidad del juicio en concreto sobre las circunstancias del hecho, que puede derivar o no en su incriminación.

De esta forma la iniciativa entrada a la Cámara de Diputados de la Nación oscurece sin sentido el primer inciso y amplía absurdamente el segundo, al punto que sólo subsistirá el aborto como delito cuando se practique sin el consentimiento de la mujer.

Si se aprobara la reforma, bastará que la madre aduzca que el embarazo “proviene de una violación” para que el sistema de salud deba provocar el aborto sin más recaudo que una simple declaración firmada de la paciente que lo pide.

La propuesta se desentiende del caso previsto por la ley vigente para proteger a la mujer que, por la alteración de sus facultades, no puede consentir. Y no se preocupa tampoco por verificar que se trate verdaderamente de un abuso sexual cierto y fidedigno.

El proyecto legaliza el aborto si la mujer manifiesta que no quiso la relación sexual que, dice, causó el embarazo, aunque no medie denuncia anterior, rastros de sometimiento o mínima diligencia de corroboración.

De esta forma se aspira, lisa y llanamente legalizar el aborto por una vía simulada que pretende engañar a la opinión pública y violar nuestra Constitución y los tratados internacionales que protegen la vida a partir de la concepción, pues con afirmar la madre que no quiso el trato sexual tiene derecho a privar de la vida a la criatura que alberga.

A su vez, la reforma no sólo admite que el médico provoque el aborto de la madre cuya vida o salud corren peligro como dice la ley vigente; lo permite también cuando a su juicio o parecer la criatura sea inviable, librando finalmente la vida concebida a la voluntad de la madre o al pronóstico del profesional que la atiende.

El proyecto virtualmente deroga el delito de aborto por un mecanismo fraudulento que hace pasar como excepción lo que quiere convertir en regla. La ley no puede presumir que la violación hace peligrar la salud psíquica de la mujer ni dar por cierto el sometimiento sexual porque lo diga quien se presenta como la víctima o convenir que la mera apreciación médica decida si una vida es o no viable.

El extravío es notorio y grave pues se está atacando un derecho humano básico y fundamental, cual es proteger, preservar y auxiliar al ser humano indefenso.

Héctor Huici
Secretario

Enrique V. del Carril
Presidente



La Ley de Riesgos del Trabajo y el instituto de la indemnización por despido requieren una urgente definición.
(07/08/07)

En sólo un mes más se cumplirán tres años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre dos institutos tan jurídicamente endebles como fundamentales para el desenvolvimiento de las relaciones laborales.

Más allá de las serias objeciones constitucionales que merecieron los artículos 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo (entre otras disposiciones de este ordenamiento) y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, es indudable que ambos institutos de reparación de daños laborales requieren urgente tratamiento legislativo para recobrar vigor y fuerza legal.

A pesar del compromiso manifestado por los actores sociales, lo cierto es que desde septiembre de 2004 a la fecha, ambos institutos permanecen en estado vegetativo y lo que es mas grave aún, recibiendo una constante manipulación que da lugar a una imprevisible e indefinida lista de distintas interpretaciones en cuanto a sus alcances.

En el medio de todo este dislate legislativo (sólo en la Cámara de Diputados se han presentado 22 proyectos desde el año 2004) y jurisprudencial, los habitantes de esta Nación, quienes deberían ser gobernados por un régimen legal claro y consistente como ocurre en todo estado de derecho, sólo están en condiciones de observar de modo pasivo pero con preocupación e incertidumbre absolutas, la deficiente labor legislativa.

El requerimiento es tan concreto como sencillo y se asienta en una necesidad tan elemental como antigua. Debe existir un orden jurídico, al menos en cuestiones tan elementales como en los institutos de prevención y reparación por daños laborales.

La definición del orden legal no puede esperar ni quedar sujeta a la conjunción y conformidad de todos los intereses económicos, sociales y políticos, por lo que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires exhorta al Poder Legislativo a terminar con la inexplicable e injustificable situación de anomia e incertidumbre que enfrentamos desde hace casi tres años.

Héctor Huici
Secretario

Enrique V. del Carril
Presidente


Acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelve la nulidad del indulto presidencial.
(08/08/07)

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en la causa Mazzeo, que declaró inconstitucional el decreto de indulto presidencial a favor de Santiago Omar Riveros, implica un grave retroceso en el funcionamiento de las instituciones y la seguridad jurídica del país, de profundas consecuencias en particular sobre el Poder Judicial y el Estado de Derecho.

Dicho fallo ha dado, quizá, el golpe más contundente que se pueda asestar sobre la arquitectura democrática y republicana nacional que, por otra parte, tanto esfuerzo cívico demandó a generaciones de argentinos, pues le ha quitado al Poder Judicial su principal cometido: el de dar a través de una sentencia, la resolución final e irrevocable a las controversias sobre los derechos de las partes.

El fallo adoptado por la mayoría de la Corte Suprema ha relativizado el principio jurídico de la cosa juzgada. Ha abierto una puerta por la cual, con los mismos fundamentos que hoy la mayoría de la Corte Suprema sustenta su fallo y revisa lo dictado en otra sentencia firme precedente, en lo sucesivo, ése y cualquier otro fallo, también podrán ser revocados por otros jueces. Las razones, motivaciones y argumentos dependerán ya del signo de cada tiempo de nuestra historia. Por ello, con esta doctrina en el sistema judicial argentino, todo se ha vuelto institucionalmente transitorio, revocable y revisable.

La cosa juzgada no es una creación jurídica abstracta, sólo limitada al mundo de las ideas. Es un principio elemental y vital que la civilización se ha dado para poner un punto final a las controversias que se someten a resolución de la Justicia. Sobre esa base se garantizan constitucionalmente los derechos individuales y, no sin esfuerzo, se labra el tejido social que,

sobre la base de lo judicialmente definitivo e irrevocable, permite a las sociedades transitar hacia el futuro sustentadas en la seguridad jurídica, como resguardo esencial para posibilitar su evolución.

En este sentido cabe ponderar los dos votos minoritarios de la Dra. Argibay y del Dr. Fayt que han sustentado el respeto por principios elementales del derecho penal y, especialmente, el respeto de la cosa juzgada como garantía del ciudadano.

Debe señalarse también que el fallo mayoritario menoscaba otros relevantes principios jurídicos, como los de legalidad y de irretroactividad de toda norma penal más gravosa. En este sentido, es preocupante que una interpretación parcial de los tratados que definen los delitos de lesa humanidad instaure la virtual derogación de principios consagrados entre los derechos y garantías asegurados por nuestra Constitución a todos los ciudadanos y, por otra parte, en lugar de contribuir a la pacificación social, reitere una visión unilateral de nuestra reciente historia.

Héctor Huici
Secretario

Enrique V. del Carril
Presidente


Se pide al Senado igualdad de tratamiento en el impuesto a las ganancias para quienes ejercen profesiones en forma autónoma.
(22/08/07)

Por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional tiene a consideración un proyecto de modificación de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que apunta a reducir la incidencia de dicho tributo en relación a los contribuyentes de ingresos más bajos.

La reducción de la carga tributaria se habrá de producir mediante un incremento en los importes de las deducciones por cargas de familia, un incremento en el importe de la llamada “deducción especial”, y una modificación en la escala que establece limitaciones al cómputo de las deducciones personales.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires debe señalar que la iniciativa que está siendo tratada por el Congreso de la Nación se encuentra en pugna con la normativa constitucional que establece a la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas.

Ello es así, en tanto en el proyecto se incrementa en más de un 25 % el importe de la deducción especial computable por quienes obtienen rentas de su trabajo personal realizado en relación de dependencia, pero se mantiene inmodificada la deducción especial computable por quienes obtienen rentas realizando el mismo trabajo personal, pero en forma autónoma.

En tanto se trata en ambos casos de rentas derivadas del trabajo personal, el tratamiento diferenciado que se establece en perjuicio de quienes ejercen profesiones u oficios en forma autónoma no encuentra causas válidas que le otorguen justificación.

La población no ignora que el proyecto de reforma fue elaborado en el contexto del trato político que el Poder Ejecutivo mantiene con organizaciones sindicales que representan a trabajadores en relación de dependencia, y que la iniciativa apunta a evitar medidas de acción directa anunciadas por esas organizaciones.

Corresponde ahora que el Poder Legislativo ajuste el texto del proyecto en lo relativo a la deducción especial, para adecuarlo a la regla de la igualdad que impone la Constitución Nacional, de forma que estas ganancias, originadas ambas en el trabajo personal de quienes las obtienen, sean objeto de un tratamiento tributario similar.

Héctor Huici
Secretario

Enrique V. del Carril
Presidente


CASSABA y las Cajas de Previsión Provinciales
(23/08/07)

Desde antes de la sanción de la ley 1181 de la Ciudad Autonóma, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo su oposición a la existencia misma de esa Caja. Son múltiples las gestiones hechas por sus miembros para impedir la sanción de la ley. Si bien el objetivo no se logró en su integridad, se obtuvo, entre otras ventajas, la creación de un tope de aporte máximo.

Sin perjuicio de mantener sin cambio alguno esa posición a favor de la derogación completa del régimen, este Colegio se hace un deber señalar severas deficiencias que presenta la reciente modificación al reglamento del art. 74 de esa ley, que resolvió la Asamblea de CASSABA celebrada el pasado 16 de julio de 2007.

Si bien la reforma soluciona una aguda controversia doctrinaria y jurisprudencial relativa a la excepción establecida en el art. 5 de la misma ley, no se comprende por qué quiénes hagan uso de esa alternativa deben admitir una quita del 10 % en sus aportes cuando por ley los gastos administrativos de Cassaba están limitados al 3 %. Menos aún se justifica el arbitrario requisito de haber completado la integración del aporte mínimo anual (AMAO) para poder ejercer esa opción.

Por otra parte y al no avanzarse en convenios de reciprocidad con otras cajas se deja “presos” del sistema –en abierta violación al principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas- a quienes no realizaron la opción prevista en el art. 5 de la ley antes del 11 de mayo de 2005 y a quienes con posterioridad hayan tenido que matricularse en otra jurisdicción que cuente con una caja de previsión.

La reglamentación aprobada es un mero parche de un sistema que cercena la libertad de elección de los abogados para decidir dónde realizar sus aportes. La rigidez de la ley 1181 es un contrasentido cuando el Congreso

acaba de sancionar una reforma a la ley 24.241 que brinda mayores opciones de elección al aportante.

Este Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires exhorta a CASSABA y a todos los integrantes del Foro de la Ciudad a tomar todas las medidas necesarias como para que se derogue el régimen en su integridad. Como mal menor, alternativamente, que se permita la opción a todos los abogados, a ejercer en cualquier momento, de concentrar sus aportes previsionales en una sola Caja, sea esta una Caja provincial, la que gestiona CASSABA o el sistema de previsión para trabajadores autónomos.

Héctor Huici
Secretario

Enrique del Carril
Presidente


En el aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi
(29/08/07)

En el aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, elegido como día del abogado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires quiere rendirle homenaje al ilustre tucumano, fundador de nuestras instituciones políticas e inspirador de la República Argentina que, siguiendo sus ideas, pasó de ser un vasto territorio donde el poder era ejercido por caudillos en forma personalista y a veces despóticamente, para convertirse en una Nación próspera y pujante.

En el día del abogado, este Colegio recuerda a ese ilustre ausente, que prefirió el exilio voluntario a la complicidad con el despotismo y la anarquía y se concentró en plasmar la arquitectura institucional de nuestro País.

Sus ideas, plasmadas en la Constitución Nacional de 1853/60, hoy se ven cuestionadas nuevamente por un modelo autoritario y la concentración del poder en un gobierno nacional que, con el acceso al manejo de recursos públicos, está en camino de eliminar todo vestigio de federalismo y del equilibrio entre los tres poderes del Estado.

Para seguir a Alberdi, parecería que las actuales circunstancias políticas requieren de nosotros un compromiso fuerte y permanente con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Y plantear a todo nivel la necesidad de la reversión de medidas tales como las plasmadas en la ley que otorga al Jefe de Gabinete la posibilidad de cambiar partidas del Presupuesto según las instrucciones del Presidente, la ley que regula la revisión de los Decretos de Necesidad y Urgencia permitiendo la continuidad de su vigencia en forma permanente al no establecer plazos perentorios para su ratificación o derogación y la ley que reformó la composición del Consejo de la Magistratura imponiendo una integración que asegura la primacía del sector político sobre el profesional constituido por Jueces y Abogados.

Esas medidas legislativas han menoscabado seriamente la independencia de los poderes, base del sistema de control entre ellos propiciados por Alberdi en sus Bases, documento que fue el cimiento de nuestra Constitución Nacional.

Es un deber de los abogados, como personas estudiosas del derecho, mostrar a la ciudadanía los peligros que se ciernen sobre las libertades en caso que se apoye la concentración del poder.

En esa dirección, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires llama a la unidad a todos cuantos comparten principios básicos como la honestidad, la eliminación de la impunidad, la seguridad física, el deseo de estructurar una Nación unida por la dignidad del trabajo, el respeto mutuo aún en el disenso y la instrumentación de una efectiva educación para todos aquellos que quieran habitar nuestro suelo.

Héctor M. Huici
Secretario

Enrique del Carril
Presidente

Aplicación de la ley de abastecimiento: un caso paradigmático
(07/09/07)

En una declaración pública del 6 de julio pasado, este Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que la utilización de la suspendida Ley de Abastecimiento era ilegal y arbitraria. El sostenido embate que desde el sector oficial se ha venido llevando contra una conocida empresa petrolera, constituye un caso paradigmático de esa ilegalidad.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires señala la significación jurídica de la cuestión, dado que su resolución dejará asentada una trascendente perspectiva para el país que, en definitiva, afectará a la cantidad y tipo de inversión con el que se construirá la economía nacional en los próximos años.

Cabe señalar, además, que la desfavorable valoración internacional que ha recibido el país en el denominado “índice de clima económico” (ICE), el nuevo perfil que comienza a vislumbrase en el mercado argentino de combustibles, y el anticipo de cambio de la propiedad de empresas, en ese y otros sectores, son indicadores que no deben pasar inadvertidos.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires señala el modo en que se va delineando un estilo de ejercicio del poder público con afectación de derechos y garantías individuales consagrados por la Constitución Nacional, lo que erosiona el estado de derecho. Si a ello se une la existencia, denunciada por este Colegio en otras declaraciones públicas, de acciones claras tendientes a limitar la independencia de los Poderes como son la reforma al Consejo de la Magistratura, las leyes de superpoderes y el abuso en la utilización de decretos de necesidad y urgencia, el cuadro se convierte en ciertamente preocupante.

La persecución a que hoy está sometida la menciondada petrolera es una muestra importante de la soberbia del Poder y un test sobre el

funcionamiento de la independencia judicial que marcará el índice futuro de confianza en el país. Tenemos la esperanza que los jueces y funcionarios públicos intervinientes sabrán obrar con responsabilidad y ecuanimidad.

Héctor Huici
Secretario

Enrique del Carril
Presidente


CASSABA, una cuestión que no admite dilación
(21/09/07)

Desde mucho antes de la sanción de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo su oposición a la existencia misma de un régimen legal previsional compulsivo para los abogados de la Ciudad de Buenos Aires. A las múltiples gestiones llevadas a cabo por sus miembros para impedir la sanción de la ley se agregó, una vez sancionado el régimen legal que finalmente dio origen a la creación de CASSABA, un empeño incesante por impulsar su derogación.

Sin perjuicio de mantener inalterable su posición a favor de la derogación completa del régimen, este Colegio ha señalado además las severas deficiencias que presentan diversas normas reglamentarias dictadas por el organismo. Entre ellas la reciente modificación al reglamento del art. 74 de esa ley, que resolvió la Asamblea de CASSABA celebrada el pasado 16 de julio de 2007, que han venido a agravar la situación en el ejercicio de su profesión a los abogados matriculados en la ciudad de Buenos Aires, así como también ha encarecido indebidamente, y por tanto restringido, el derecho de acceso a la justicia de los propios litigantes.

En los últimos tiempos la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires viene considerando numerosos proyectos de autoría de legisladores de diverso origen político que, en la variedad de su propuesta legislativa, no ha hecho sino reconocer y poner de relieve la preocupación que se avizora en ese ámbito legislativo en relación al problema, real y tangible, que ha ocasionado para los abogados y los litigantes ese régimen legal previsional compulsivo.

Frente a tal circunstancia, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de sostener la conveniencia de la derogación lisa y llana del régimen en su integridad, apoya como alternativa el proyecto de ley que concita mayor adhesión entre los diversos bloques

de la Legislatura porteña que contempla una serie de excepciones a su obligatoriedad llevando a la instauración de un régimen voluntario en que los abogados podrán elegir en libertad el sistema jubilatorio que prefieran.

De tal manera y a fin de terminar con un régimen repudiado por los abogados y que afecta nuestra Constitución, este Colegio exhorta a los señores legisladores a superar todas las diferencias y dar pronta sanción a la iniciativa legal referida.

Enrique del Carril

El CACBA ante un aborto provocado y autorizado oficialmente
(28/09/07)

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires es una organización no confesional que reúne a abogados libremente asociados a ella de diferentes creencias y posturas frente a la religión.

Desde esa posición quiere dejar claro que el problema del aborto no es, en manera alguna, una cuestión confesional pues se trata, simple y llanamente, de atentar contra la vida de una persona, reconocida en tal carácter por nuestro Código Civil y por tratados internacionales a los
que la Argentina adhirió y tienen jerarquía constitucional.

Frente a estas claras premisas nunca el aborto es un acto legal pues el ordenamiento jurídico no puede autorizar en forma expresa suprimir la vida humana.

A partir de estos presupuestos legales y morales, es evidente que las autoridades administrativas y judiciales no están legitimadas para autorizar el aborto en ningún caso, pues obrarían contra elementales principios jurídicos y morales.

No es correcto interpretar que existe un “aborto legal” regulado en el art. 86, inc. 2 del Código Penal referido al caso de la “mujer idiota o demente”.

Esta norma, ahora severamente cuestionable desde el punto de vista constitucional por oponerse a tratados internacionales suscriptos por la Argentina, solo contempla lo que la ciencia jurídica denomina “excusa absolutoria”. Este concepto implica la contemplación de ciertas razones de política legislativa para no imponer una pena al autor de un delito ya cometido, pero que en manera alguna permite autorizar previamente que se cometa el homicidio. Por otra parte debe tenerse en cuenta que, en el caso de la norma citada, los antecedentes legislativos demuestran que las razones de su inclusión fueron francamente discriminatorias,

porque buscaban evitar –erróneamente- la posibilidad del nacimiento de un hijo que heredaba las malformaciones o enfermedades mentales de la madre. Ello fortalece su inconstitucionalidad.

Es por eso que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires quiere expresar su repudio y su rechazo a la decisión de la Cámara de Apelaciones de Paraná y a la actuación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional que están autorizando un homicidio utilizando una norma que, claramente, no es aplicable. Por otra parte reafirmar que nos encontramos ante un hecho ilícito que causa un daño irreparable no solo al niño asesinado sino a su padre que se opone a la intervención y que podrá reclamar los perjuicios que se le ocasionan.

Héctor Huici
Secretario

Enrique del Carril
Presidente


El acto electoral del 28 de octubre de 2007
(06/11/07)

La ciudadanía ha sido convocada a emitir su sufragio el domingo 28 de octubre. La importancia de este acto cívico se evidencia al constatar que de su resultante han sido electas las autoridades que, desde sus respectivas jurisdicciones y esferas de poder, gobernarán por un nuevo periodo.

Este saludable ejercicio de la vida democrática, se ha visto teñido por una notable abstención que muestra cierta indiferencia de la ciudadanía y por deficiencias tan notorias que, el acto electoral ya es calificado por los medios como el de peor organización en la historia contemporánea de nuestro país.

Las fallas en la notificación a las autoridades de mesa, los incidentes en las colas, las demoras que sufrieron tantos votantes, la falta injustificada de boletas de diferentes partidos –particularmente, en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, aunque no de modo excluyente- constituyen una sumatoria de irregularidades episódicas que, en su conjunto, conforman un real avasallamiento al derecho del ciudadano. Esta circunstancia es una nueva manifestación práctica de la mala calidad institucional de nuestro país.

La vida en democracia exige de la transparencia en todos los actos de gobierno y, en particular, el máximo de los recaudos en la realización de los comicios. La experiencia habida debe ser tomada en cuenta por las autoridades para mejorar su desenvolvimiento en la gestión de una actividad de gobierno tan trascendente y delicada como la apuntada. Pero no sólo por ellos: también corresponde en su grado de participación a los partidos políticos, a las entidades intermedias y la ciudadanía, exigir una mejora en su desenvolvimiento. Esta es una materia central que debe recomponerse desde su faceta más primaria y sin dilaciones.

Este tema se vincula a la cuestión del sistema representativo de gobierno, y pone de relieve el daño que produce no encarar la postergada y tantas veces anunciada reforma política. Sus principales ejes deben orientarse a: a) modificar el ordenamiento legal de los partidos políticos para permitir un control sobre el origen y utilización de sus fondos;.b) reinstalar el principio constitucional de proporcionalidad de la población en la representación parlamentaria ya que no se ha actualizado la base de electores por diputados conforme al último censo y se mantiene una representación ficticia de tres diputados por provincia impuesta por la ley 22.847 que no tienen relación con la población; c) modificar el sistema de la denominada lista sábana para permitir un mayor poder de elección en el ciudadano y d) introducir mejoras operativas en los sistemas de emisión, escrutinio, procesamiento e información del sufragio implementando el voto electrónico para evitar el manejo discrecional de la disponibilidad de boletas, la logística de fiscales asociada a los comicios y posibles manejos turbios a la hora del recuento de votos.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, si bien celebra un nuevo acto de ejercicio del voto como sustento de la democracia, insiste en que se debe instaurar un esquema legal que favorezca la transparencia de la vida política, en el que el proceso electoral resulte su diáfana expresión consagratoria y de esta manera fortalezca la legitimidad de origen de quienes resulten elegidos para ejercer los altos cargos de la República.

Héctor Huici
Secretario

Enrique del Carril
Presidente



El Colegio ante la Prórroga de la Ley de Emergencia
(29/11/07)

Noticias periodísticas de último momento anuncian que se está tratando en el Congreso la prórroga de la Ley de Emergencia Pública que otorga poderes extraordinarios al Presidente. Dicha ley fue votada como un remedio extremo a fin de afrontar la grave crisis vivida por nuestro país
al finalizar el año 2001.

Sin duda, al gobierno le corresponde la tarea de administrar los recursos fiscales con seriedad y en el ámbito de la ley y la Constitución. No existe razón alguna para apartarse del sistema institucional y de la distribución de funciones establecidas en nuestra Ley Fundamental que sólo pueden ser alteradas o limitadas temporalmente frente a circunstancias graves que hoy ya no existen.

Pretender fundar la prórroga a la Ley de Emergencia en la existencia de reclamos contra nuestro país en Tribunales extranjeros o internacionales por parte de damnificados por las medidas tomadas durante la crisis, es un argumento débil y sin ningún fundamento. Tanto los árbitros extranjeros como cualquier Juez con un mínimo de sentido común justificará, eventualmente, medidas de emergencia únicamente para ser tomadas en la época extraordinaria en que fueron dictadas pero ciertamente, no serán avaladas con el solo propósito de mantener situaciones de violación a las leyes y a la Constitución cuando el país, gracias a un excelente panorama internacional, crece año a año y mantiene un superávit fiscal que le permitiría honrar sus obligaciones internacionales y, de esta manera, recuperar la confianza en el mundo.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires insta a los legisladores a que asuman la responsabilidad de defender las instituciones de la República y no den el apoyo a la prórroga de una nueva ley concebida para aplicarse en una crisis que felizmente ya ha sido superada. Nuestra entidad considera que mantener esta legislación producirá justamente

el efecto contrario al esperado, porque agravará la desconfianza pública hacia nuestro país y restringirá la inversión productiva que tiene como base instituciones predecibles y seguras.

Héctor Huici
Secretario

Enrique del Carril
Presidente